También son una importante fuente de recursos para su nación de origen. Las remesas enviadas por los colombianos a su patria ascienden a 1.121 millones de euros en promedio anual, durante el último lustro. Semejante cifra es superior al aforo del Plan Colombia. De tales remesas se han beneficiado los bancos, los constructores, los médicos, los vendedores de vehículos, los supermercados, en fin, los principales sectores económicos.

Por eso es apenas natural que tanto Colombia como España se ocupen en forma responsable de la situación de los migrantes y adopten políticas que potencialicen sus oportunidades de trabajo. Ocurre, sin embargo, lo contrario. España les amenaza el trabajo y apenas les ofrece un plan de retorno. Colombia les grava las remesas que transfieren a los suyos, imponiéndoles una especie de doble tributación.

La economía española destruyó siete mil empleos diarios durante el pasado mes de enero. Es sencillamente dramático. Según el diario “El País” de Madrid el gobierno prevé un desempleo del 15 por ciento –el doble de la media europea- y, si se circunscribe a los migrantes, puede estar cercano al 20 por ciento. No tiene sentido.

Pero tampoco lo tiene el hecho de que Colombia privilegie la inversión extranjera, con el argumento de que trae desarrollo, mientras abandona por completo a ciudadanos suyos que, según encuesta reciente de “Colraíces” -una empresa colombiana que presta servicios inmobiliarios y financieros a colombianos residentes en el exterior, con sede en Madrid, Barcelona y Bogotá- tienen alto interés en hacer inversión empresarial en su país de origen.

En efecto, las cifras sorprenden: Casi el 80 por ciento de los migrantes colombianos tiene entre sus planes la intención de regresar, el interés de montar una empresa en Colombia y el deseo de comprar vivienda en su respectiva ciudad. Es preciso adoptar una política que propicie esa inversión, así sea en pequeñas y medianas empresas. Eso sí genera empleo donde más se requiere y otorga capacidad de compra aquí y ahora.

La encuesta fue elaborada por dos investigadores colombianos, residentes en España, Guillermo Pérez Flórez y Andrés Giraldo Franco. Tomaron un universo de cuatro mil colombianos, de los cuales el diez por ciento respondió la totalidad de la encuesta. Ojala se pudiera ampliar el estudio hacia otros países de Europa y a los Estados Unidos, donde la crisis económica también está destruyendo el desarrollo social.

Los colombianos deben interesarse por la problemática que gira en torno a sus emigrantes, cuya intensión de volver a su tierra se mantiene viva. España debe aprovecharlos como sujetos de codesarrollo y Colombia debe ofrecerles asesoría y diseñar proyectos para garantizar que su regreso signifique beneficios para ellos y para el país.

Esa tarea es prioritaria, y más cuando se habla tanto de responsabilidad social corporativa. La deben asumir el gobierno, el Congreso, el Banco de la República, las universidades, los políticos. Pero también el sector privado cuyos canales recibieron los beneficios de la bonanza. El sector empresarial y el sector solidario deben encontrarse en ese propósito.

Debería inclusive convertirse en preocupación fundamental de las Cámaras de Comercio. Si bien es cierto que la ley les otorga funciones gremiales y que el gobierno las ha venido convirtiendo en oficinas de registro, siguen siendo una cabal expresión de la autonomía local/regional. Desde ese ámbito puede desatarse una dinámica sostenida de desarrollo con tan valiosa materia prima. Llegó la hora de corresponder.

Ex senador, profesor universitario.

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